En una nueva participación en Lo Justo y Necesario, el Secretario Técnico de nuestra Coordinadora explicó la situación de las Cajas para Profesionales frente al desafío de reformularse para garantizar su sustentabilidad, haciendo hincapié en que este tipo de entidades no generan gasto al Estado, en tanto se autogestionan con fondos propios.



La discusión pública sobre una posible reforma previsional cobra fuerza en los medios y genera creciente preocupación social. Los datos son claros: la población envejece, la natalidad disminuye, y la proporción de trabajadores activos en relación a jubilados se reduce año tras año.



En una entrevista televisiva, el Sec. Técnico de la Coordinadora de Cajas de Profesionales, Dr. Sebastián Villa, advirtió sobre la crisis del sistema previsional argentino y remarcó que, aunque las Cajas Profesionales no forman parte del déficit nacional, también deben adaptarse a las transformaciones demográficas y laborales de las próximas décadas.

Por eso, “la reforma previsional es inevitable. Más se posterga y más problemas habrá”. Con estas palabras,se trazó un eje de debate que, lejos de circunscribirse al sistema nacional, interpela a todos los actores de la seguridad social. “Estamos hablando de una población protegida en este momento de 9 millones de personas, pero la población que va a requerir asistencia es cada vez mayor, y el problema es que alrededor de la mitad no cumplieron completamente el historial aportativo, o sea, los años”, especificó Villa.



Hace apenas una década existían más de dos trabajadores por cada jubilado; hoy la cifra es de apenas 1,5. Este desbalance presiona sobre un sistema que ya destina alrededor del 7% del PBI al pago de jubilaciones y pensiones.



No se trata de subir la edad jubilatoria



En relación a los debates en distintas partes del mundo sobre los ajustes en la edad jubilatoria o la exigencia de cantidad de años de aporte, el Dr. Villa sumó algunas variables al análisis. “Una de las propuestas que se están trabajando hoy es más allá de si aumento la cantidad de años de aportes, es si yo puedo tener derecho a jubilarme con menor cantidad de años de aporte”, abriendo una perspectiva adicional para enriquecer el debate. Actualmente una persona con 28 años de aporte no se puede jubilar, salvo que combine con alguna otra actividad. Por tanto el derecho solo existe al tener 30 años de aporte. Si no se cumple esa condición “no tengo derecho o tengo que entrar en una moratoria que ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Si tuviéramos beneficios proporcionales, nosotros podríamos cobrar equitativamente en función de la cantidad de años aportados. Cabe destacar que la mayoría de las Cajas para Profesionales ya cuentan con beneficios proporcionales, a diferencia del sistema nacional”, agrega Villa.



En este escenario, es fundamental aclarar que las Cajas Profesionales no son parte del problema del “gasto” público. Son sistemas autónomos, autofinanciados y regulados por las provincias, que no generan déficit ni para la Nación ni para los Estados provinciales.



Sin embargo, la autonomía no exime de responsabilidad: también las Cajas deben reformularse para responder a los cambios sociales, laborales y demográficos que marcarán el futuro.



El desafío, igualmente no es menor: garantizar prestaciones dignas en un contexto donde cada vez se vive más años, pero con menos aportantes formales. “Necesitamos discutir cómo nos adaptamos a las próximas décadas, no solo para sostener nuestros sistemas, sino para fortalecer la confianza de los profesionales en un futuro previsional sólido”, concluyeron.